El racismo en Colombia existe. En especial, la discriminación de los afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales. Si bien en la vida cotidiana se niega rotundamente la persistencia en el país de mecanismos estructurales de exclusión por el color de la piel, en años recientes informes gubernamentales, reportes internacionales y estudios académicos han documentado la situación inversa.
En este año existe una doble motivación para reactivar el debate sobre el estado actual de la población negra. Las Naciones Unidas declararon el 2011 Año Internacional de los Afrodescendientes, y en julio se cumplen dos décadas de la promulgación de la Constitución Política de 1991, que abrió el camino al reconocimiento de estas comunidades. A partir de este miércoles, esta Casa Editorial, en conjunto con el PNUD, la embajada de Francia en Colombia, la Fundación Acua y la Alianza Francesa, lanzará los 'Diálogos afrocolombianos', un espacio de discusión política sobre los desafíos económicos y sociales de estas minorías.
Una tarea inmediata es la de la información. De acuerdo con el censo del Dane del 2005, el 10,6 por ciento de los colombianos se reconocen a sí mismos como afrodescendientes. Esto deja al país como la segunda nación con mayor población negra de América Latina, después de Brasil. A pesar de ello, el Observatorio de Discriminación Racial, entre otras instituciones, ha identificado silencios y contradicciones en la pertenencia y la metodología de conteo de los afrocolombianos.
Lo más preocupante es que, con los datos oficiales actuales, las brechas entre los negros y los demás compatriotas en el acceso a los más básicos servicios sociales son alarmantes. Por ejemplo, la mortalidad infantil y la tasa de desempleo que los afectan doblan el promedio de las del resto de colombianos; asimismo, tienen más probabilidad de ser víctima del desplazamiento forzado. Las tasas de pobreza, necesidades insatisfechas, analfabetismo, exclusión del sistema educativo y desempleo son más altas. No sorprende, pues, que estas precarias condiciones hayan generado una geografía de la discriminación racial: los departamentos con histórica presencia de descendientes de esclavos se cuentan dentro de los más deprimidos del país.
Las implicaciones del conflicto armado merecen capítulo aparte. El avance que significó la Ley 70 de 1993 en materia de titulación de tierras ha sido contrarrestado a punta de terror y zozobra. Los grupos armados al margen de la ley apetecen los territorios adjudicados a las comunidades afrodescendientes para levantar en ellos explotaciones agrícolas y mineras. En este marco, la restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, liderada en marzo pasado por los ministerios del Interior y de Agricultura, constituye el mejor escenario para aplicar lo contenido en la Ley de Víctimas, pronta a aprobarse.
La tradicional distancia entre el papel y la realidad que caracteriza a muchas políticas públicas en Colombia también se traslada a los afrodescendientes. El aparato normativo de reconocimiento étnico, derivado de la Carta del 91, pone al país entre los más avanzados de la región en esta materia. Pero los objetivos de las leyes, planes y programas no se han traducido en mejoras de los derechos humanos de estas comunidades. Al contrario, su falta de concreción contribuye a la invisibilidad y negación del problema del racismo estructural.
Son muchas las tareas pendientes para disminuir la discriminación racial de los negros: desde una información confiable y sistemática hasta el cumplimiento de las normas. Pero la más prioritaria es el reconocimiento de una exclusión histórica y el despliegue de medidas del Estado para su mitigación.
