Fuente: www.eltiempo.com
Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, a la que pertenecían Manuel Ruiz y su hijo, tienen medidas de protección especial ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aun así, el crimen se suma a los de otros cinco líderes de la zona en los últimos años. Son en total 100 mil hectáreas de territorios colectivos despojadas a sangre y fuego por grupos armados ilegales, hace 15 años, y que luego fueron ocupadas en su mayoría por grandes empresas palmicultoras.
Ayer, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que grupos armados ilegales quieren frenar el proceso de restitución, pero que no permitirá que esta clase de hechos violentos entorpezcan la titulación, el próximo 15 de abril, de los territorios colectivos. "La muerte de este importante dirigente no puede frenar el proceso de restitución; tenemos que evitar que no se haga la asamblea y que no se entregue el título colectivo", agregó.
El Gobierno da las últimas puntadas al censo, ordenado por la Corte Constitucional, para establecer quiénes serán los beneficiarios reales de estas tierras.
Manuel, miembro representante del Comité del Censo, desapareció el viernes, luego de ser retenido y dejado en libertad por la Policía
El campesino había solicitado seguridad, el primer semestre del 2011, cuando se inició el primer censo a la población que sería beneficiaria de la restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó.
También pidió medidas especiales el 19 de noviembre de 2011 y en febrero de este año. Esta semana, debía acompañar al Ministerio de Agricultura en una inspección de linderos en el área conocida como Los Piscingos, un predio despojado desde 1996 luego de operaciones de grupos armados ilegales en Curvaradó.
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