Libardo García Gallego
En el capitalismo son verdades archiconocidas: la regulación del
mercado mediante la libre oferta y demanda favorece siempre a los
dueños de las mercancías; el trabajo no es un derecho es otra
mercancía; ganar al competidor se logra a expensas de la miseria de
los trabajadores; la única libertad que el capitalista hace respetar
es la libertad de extraer plusvalía a los trabajadores, de explotar su
fuerza de trabajo; el ejercicio de los derechos humanos es
directamente proporcional a la magnitud del capital disponible de cada
persona. El burgués no es solidario sino consigo mismo, los demás le
importan en cuanto le produzcan ganancias.
No es necesario abundar en ejemplos. Lo inaceptable es la ingenua
ilusión de tantas personas indigentes que piden solidaridad en nombre
de dios y dan gracias a cualquier Epulón por el mendrugo que les
arroja con desprecio. Otros dicen: “¿qué haríamos los pobres si no
hubiera ricos?, ¿quién nos daría trabajo?”. Una señora me reprochaba
la idea de que toda persona debería cursar por lo menos la educación
secundaría con este argumento: “ ¿Entonces quiénes desempeñarían los
oficios no calificados en la industria, en la ganadería o en la
agricultura? Me resisto a aceptar el aserto popular según el cual “el
mundo siempre ha sido así y seguirá siendo así”.
Hechos absurdos: ¿Cómo es que los capitalistas alargan la jornada
laboral en lugar de reducirla cuando la tecnología de punta y la
informática nos permiten hoy invertir menos trabajo necesario en todas
las áreas económicas (5, 10, 20 o más veces que hace 30 años) para
obtener las mismas o mayores mercancías?. ¿Cómo que al trabajador de
hoy se le exigen jornadas de 8 o más horas, es decir, por qué alargar
la jornada cuando lo lógico es disminuirla? Y por si no fuera
suficiente con prorrogar la jornada también disminuyen los salarios
con el chantaje que “hay mucha gente que necesita trabajar, usted verá
si acepta este salario o si no para buscar otro(a)”. Lo que Marx
denominó “ejército industrial de reserva”. No contentos con lo
anterior estiran el tiempo y la edad para la jubilación. Se utilizan
estas formas de extracción de plusvalía bajo el pretexto de aumentar
la productividad y poder competir exitosamente en el mercado mundial,
pues de esta manera se producen más mercancías al menor costo. ¡Qué
enorme contradicción: Los fantásticos avances tecnológicos del momento
contribuyendo a explotar aún más la fuerza de trabajo! A mayor
desarrollo económico menor crecimiento personal cuando los avances
tecnológicos deberían servir para aliviar la vida de los trabajadores.
Pero se hace todo lo contrario: laborar exhaustivamente, embrutecernos
más, alienar al máximo nuestro cerebro reptil. A esto le llaman
derecho al trabajo.
Vamos a otro derecho, el de la libertad de expresión y libre difusión
de ideas. Suponiendo que a uno le permitan decir libremente lo que
piensa, la exclusión por ausencia de medios económicos le cerrará la
boca. En un sistema donde la libertad de ejercer el derecho es
proporcional al capital disponible, el no poder acceder a un medio de
comunicación le impedirá expresar sus ideas y difundirlas. Es lo que
vemos a diario: Alguien quiere refutar algo, sin embargo es obligado a
callarlas, a tragárselas para sí mismo, porque no podrá compartirlas
con nadie. La burguesía se vanagloria afirmando que aquí todo el mundo
puede criticar lo que desee. Qué mentira y qué cinismo! Si es que le
perdonan la vida por contradecir u oponerse a los poderosos, le será
imposible encontrar los medios para desahogarse intelectualmente.
Lo mismo sucede con el derecho a la educación. No cubre en su
totalidad la demanda de cupos escolares en ninguno de los niveles. Los
refrigerios escolares, otra forma de asistencialismo, llega
parcialmente a los necesitados. La mayoría de los niños y niñas carece
de los libros y utensilios escolares indispensables para desarrollar a
satisfacción sus potencialidades individuales. A lo anterior se añade
el medio ambiente en el cual se cumple la labor educativa, siempre el
sector oficial en condiciones inferiores al sector privado. El ingreso
a la Universidad depende principalmente de las condiciones económicas
de la familia del o de la aspirante. Los y las jóvenes con recursos
económicos, aunque no sean bueno(a)s estudiantes, podrán comprar sus
cupos en Universidades privadas mientras que lo(a)s pobres tendrán que
contentarse con tratar de ingresar al mercado laboral, donde el
desempleo asciende al 13% de la PEA, más de 2.5 millones de
colombianos. Dejando de lado la calidad de la educación, pobre y
sectaria.
Algo similar sucede con la mayoría de los derechos. Cuando la
condición para disfrutarlos es poseer riqueza material, tener
capacidad para comprarlos, es porque en la realidad se vulneran, se
ignoran, se niegan. Y en un país donde las ¾ partes de la población
carece del dinero indispensable para ello, sólo existen esos derechos
para la cuarta parte de sus habitantes. Así es en Colombia, aunque
existe un sistema asistencialista de beneficiarios (SISBEN) para los
estratos sociales inferiores, éste no sirve sino para dolencias
menores. En otras palabras, tampoco está garantizado el derecho a la
salud ni a la asistencia social.
Otros derechos humanos vulnerados en alto grado, además del derecho a
la vida: de conciencia, de vivienda digna, de negociación colectiva,
de integridad física, de formación integral del adolescente, de
seguridad social, de protección de la propiedad intelectual, de
protección a la diversidad e integridad del medio ambiente, de
prevenir y controlar el deterioro de los recursos naturales, del
derecho a la tierra para quienes la trabajan…..
En síntesis, cuando la calidad del servicio para los pobres es
inferior a la del servicio para los ricos es porque también se está
pisoteando el derecho a la igualdad. Un sistema asistencialista no
respeta los derechos humanos de nadie, empezando porque vulnera lo más
sagrado del ser humano, su dignidad. El sistema socialista es la mejor
garantía del disfrute de los derechos humanos en igualdad de
condiciones.
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